Graciela Tiburcio Loayza
El policía Carlos Enrique Cruzado Diaz (49) ha sido denunciado por agredir sexualmente a una adolescente de 14 años a quien habría llevado con engaños a la comisaría de Santa Isabel en Carabayllo. La investigación está a cargo del fiscal provincial Jorge Ccallo Mejía del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de ese distrito; sin embargo, la menor aún no cuenta con medidas de protección y la familia ha denunciado irregularidades en el proceso.
En agosto de 2019, la adolescente huyó de casa debido a la depresión que sufre por haber sido víctima de violación sexual hace dos años. Su desaparición fue denunciada en la comisaría de Santa Isabel. Es aquí cuando el policía Carlos Enrique Cruzado Diaz aparece en la historia. Fue él quien encontró a la adolescente.
Tras ganarse su confianza, en noviembre del año pasado la agregó a sus redes sociales y la invitó en reiteradas ocasiones a la comisaría para que participe de las charlas que daban en la dependencia policial.
“Él me decía que era mejor que mi hija esté en la comisaría y no en la calle. Que ahí estaría más segura. Decía que daban charlas de apoyo a niños que también habían sido violentados y que mi hija podía ayudarlos. Ahora sabemos por qué insistía tanto. No era para cuidarla, era para abusar de ella. Para abusar de mi niña que ya ha sido víctima antes”, nos cuenta su madre por teléfono mientras la rabia y el dolor invaden su voz.
Fue ella quien encontró los videos y fotos que el suboficial le mandaba a su hija por correo electrónico. La madre descubrió las fotos haciendo poses de connotación sexual dentro de la comisaría. En una de las imágenes, su hija posa con una pistola y se puede observar que un hombre vestido de policía le toca los glúteos. Además, encontró un video filmado en la misma comisaría en el que aparece su hija desnuda de la cintura para abajo.
Es entonces que la adolescente le contó a su madre que esas fotos y videos fueron hechos por el policía Carlos Enrique Cruzado Diaz cuando ella asistía a la dependencia policial. La última vez que abusó de la adolescente fue el 17 de abril de este año, día 33 del estado de emergencia por COVID-19.
“Mi hijita me contó que el tipo ese la tocaba, le daba cigarros, le insistía para que pose con el arma, le ofrecía drogas. Si necesitas dinero anda a la calle y seduce a los hombres mayores, le decía. Y que él le iba a pagar si tenía sexo con él”, denuncia la madre.
Fiscalía que no protege
Al descubrir los abusos, el 22 de abril, el padre de la adolescente denunció al policía por tocamientos indebidos en la misma comisaría donde el custodio trabaja. Según el parte policial, ese mismo día se informó al fiscal provincial Jorge Castillo Ccallo sobre el caso, pero se negó a iniciar la investigación porque “solamente están atendiendo casos de flagrancia delictiva y la mesa de partes de la Fiscalía se encuentra suspendida por el aislamiento social obligatorio de Covid19”.
El fiscal hizo caso omiso al Oficio Circular N° 006-2020-MP-FN emitido por la Fiscal de la Nación que exhortaba a todos los fiscales atender e investigar de forma prioritaria los casos de violencia contra las niñas, niños, mujeres y adultos mayores, “independientemente a que el agresor haya sido intervenido en flagrancia de delito”.
Tuvo que pasar un mes para que el fiscal actúe. Recién el 21 de mayo, se dispuso que las diligencias estén a cargo de la Unidad Especializada de la Depincri Carabayllo y ya no de la comisaría de Santa Isabel, donde la adolescente fue agredida. Sin embargo, hasta ahora no se emiten las medidas de protección para la menor, a pesar que su agresor sabe dónde vive.
“Tenemos miedo que se vengue y le haga más daño a mi hija”, reclama la madre, quien además nos afirma que el último viernes vio a Carlos Enrique Cruzado Diaz con su uniforme de policía trabajando -como si nada- en la comisaría de Santa Isabel.
“La Policía ha debido abrir inmediatamente y de oficio un procedimiento disciplinario. El efectivo denunciado debería estar suspendido mientras se lleva a cabo la investigación, tal como lo establece la Ley N° 30714 que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú”, sostiene Victoria Solís, asistente legal del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, organización que acompaña el caso.
“Es urgente que el Ministerio Público solicite prisión preventiva para evitar que Cruzado Diaz obstaculice la investigación, ya que es un efectivo policial y tiene influencia como operador de justicia. Además, para proteger la integridad de la adolescente, pues su agresor conoce dónde vive”, agrega la abogada.
El 29 de mayo estaba programada la entrevista en Cámara Gesell donde la menor daría su testimonio; sin embargo, el fiscal Jorge Castillo Ccallo suspendió la diligencia porque el abogado del policía denunciado no acudió. Hasta el cierre de esta nota no se ha fijado una nueva fecha, tampoco se sabe si la Fiscalía ha tomado la declaración del suboficial.
